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TSE plantea reanudar el Calendario a mediados de julio y celebrar la votación hasta el 6 de septiembre

Jun 2, 2020 | Institucional

La Sala Plena del TSE envió hoy a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que establezca un nuevo rango máximo para la celebración de la jornada de votación hasta el domingo 6 de septiembre de 2020, y abrió un compás de espera antes de la reanudación del calendario electoral en la segunda quincena de julio. El proyecto de ley es resultado de un intenso y paciente proceso de negociación con todas las candidaturas y organizaciones políticas.

Pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral

Hoy, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que establezca un nuevo rango máximo para la celebración de la jornada de votación de la elección general de 2020.

Este proyecto de ley, simple en su contenido, constituye, sin embargo, el resultado de un intenso a la vez que paciente proceso de negociación, consultas y análisis con todas las candidaturas y organizaciones políticas, que se traduce en un valioso entendimiento. Hace varias semanas, el Tribunal Supremo Electoral asumió la iniciativa del diálogo y contó con el apoyo desinteresado de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia, que secundaron los esfuerzos que permitieron alcanzar un acuerdo amplio gracias a las concesiones recíprocas y la voluntad de hallar soluciones que demostraron las fuerzas políticas.

La importancia de este proceso de concertación debe comprenderse en varios niveles. En primer lugar, manifiesta la preocupación y la prioridad que reúne a las fuerzas políticas, las instituciones y los Poderes del Estado para privilegiar la protección de la salud. La valoración de los efectos de la pandemia constituyó una variable crucial en la decisión de los distintos actores; es evidente que, sin tal consideración, no hubiera existido necesidad alguna de la postergación. El país necesita enfrentar el Coronavirus, cuyos números han aumentado de manera significativa y atender sus primeros graves impactos en numerosas áreas de la vida colectiva. Compartimos con solidaridad el duelo de todas y cada una de las familias que han perdido uno de los suyos.

En segundo lugar, la construcción del diálogo parte del principio que Bolivia también necesita un proceso electoral que dé un piso firme a la democracia, la convivencia social pacífica y la estabilidad política. Con este proyecto de ley, se abre un compás de espera antes de la reanudación del calendario electoral en la segunda quincena de julio y, a la vez, se da certeza sobre la cita democrática que convocará a todos los ciudadanos para elegir a quiénes ocuparán los cargos en la Asamblea Legislativa y en la Presidencia.

En ese sentido, se atienden simultáneamente los derechos vinculados con la protección de la salud y los derechos de la participación política. Esos derechos no se contraponen y no deben ser contrapuestos.

En tercer lugar, el acercamiento refleja que los actores políticos e institucionales pueden fijar de manera concertada reglas del juego, como la fecha de los comicios, trascendiendo la confrontación. Así, el debate, la contraposición de visiones y de argumentos, indispensables en una democracia, se concentren en lo importante para la ciudadanía: cuáles son las propuestas en economía, salud, educación, medio ambiente, para mencionar solo algunas de las políticas públicas fundamentales.

Este proceso de concertación recupera el espíritu que, a fines de 2019, permitió definir en común el conjunto de reglas de la elección y la composición concertada del Órgano Electoral, pasos decisivos para recuperar la paz social y ratificar la vocación democrática del país.

En cuarto lugar, la negociación confirma la voluntad permanente del Tribunal Supremo Electoral de promover el diálogo, pieza esencial de una cultura democrática, y construir acuerdos que privilegien los denominadores comunes. Se teje la concertación a partir de los elementos que aportan los actores. Por supuesto, en ese recorrido, las fuerzas que aceptan ir hasta el final del acuerdo ceden algo, resignan un poco: tal es el precio inevitable para alcanzar la viabilidad de las propuestas y privilegiar el bien común.

Ya en marzo, apenas se declaró la cuarentena y se suspendió el calendario electoral, la decisión inmediata fue convocar a todas las candidaturas para fijar una hoja de ruta concertada. Ahora, sin desaliento y pese a las adversidades y los escollos, se reconstruyó ese espacio de diálogo. En tiempos de polarización, el dato puede pasar desapercibido, incluso minimizado, y no debiera, por lo que conviene reiterarlo: el organismo electoral ha sido en el transcurso del año, el único lugar donde todas las fuerzas políticas han podido reunirse, expresarse, manifestar sus discrepancias y, en última instancia, concertar.

En quinto lugar, los resultados del diálogo envían un mensaje de tranquilidad social. Atiende la exigencia de quiénes demandaban que se prorrogara la elección, al mismo tiempo que atiende la exigencia de quiénes demandaban que se celebrara prontamente. Las reivindicaciones de unos y de otros son legítimas, razonables y conceptualmente válidas. Entre ellas, el TSE ha navegado con una bandera exclusiva: el apego a la ley, la imparcialidad frente a los actores políticos, la responsabilidad institucional y la seriedad técnica. Se ha establecido un acuerdo razonable y satisfactorio, aunque no sea el ideal de unos y otros.

Con este acuerdo, el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido plenamente su responsabilidad como Poder del Estado. Es decir, ha comprendido a cabalidad cuáles son las funciones esenciales y centrales que constituyen su razón de ser. En el tema que nos interesa, el horizonte lo dibuja un proceso electoral técnicamente sólido, políticamente imparcial, de alta participación ciudadana, con las debidas medidas de seguridad sanitaria que desemboque en una jornada de votación limpia y con resultados aceptados, porque reflejan la voluntad popular.

La negociación se plasma en el proyecto de ley que el Tribunal Supremo Electoral remite a la Asamblea Legislativa. El proyecto prevé la realización de la elección general hasta el domingo 6 de septiembre de 2020. Una vez publicada la ley, el Órgano Electoral fijará ese día como fecha de la elección general a través de una resolución.

En las próximas semanas, el Tribunal Supremo Electoral, con los Tribunales Departamentales, continuarán el trabajo arduo de afinar y definir los protocolos para que las actividades preparatorias y la misma jornada electoral se cumplan con las debidas protecciones, tanto de distancia social como de equipamiento, a partir de las recomendaciones de autoridades nacionales y expertos internacionales. Se continuará con este deber, aunque no ignoramos ni subestimamos las complejas condiciones de desplegar las labores en el terreno.

Aunque enfrentamos el proceso electoral más complejo de la historia democrática, Bolivia debe tener la certeza que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria. Es el compromiso del Tribunal Supremo Electoral y, estamos seguros, la convicción de los actores políticos, de las fuerzas vivas de la sociedad, de los medios de comunicación y, en última instancia, de los ciudadanos. Unidos sabremos preservar nuestra salud y nuestra democracia.