Autoridades y personal de Tribunal Supremo Electoral (TSE) promueven, en Santa Cruz, los derechos de las mujeres en la agenda legislativa, y la lucha contra el acoso y la violencia política, en el marco de un ciclo de diálogos que se realizaron en los nueve departamentos.
Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Asamblea Legislativa Departamental, de la Unidad de Género del TSE, del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) y la Casa de la Mujer, afiliada a la Coordinadora de la Mujer.
En la oportunidad, el vocal Vargas destacó la vigencia del Reglamento para la Tramitación de Denuncias y Renuncias por Actos de Acoso y Violencia Política, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, pues las dimisiones a los cargos electivos deben ser voluntarias y no por presiones.
“El Órgano Electoral no solo es administrador de procesos electorales (…), también es responsable del fortalecimiento de la democracia intercultural y paritaria; en este contexto, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales tienen mandatos referidos a garantizar la paridad, la alternancia, la equivalencia de condiciones en las listas; pero también tenemos el mandato de luchar contra el acoso y la violencia política contra las mujeres”, afirmó la autoridad.
En ese contexto, rememoró el caso de la concejala del municipio de Ancoraimes (La Paz), Juana Quispe, quien denunció hechos de corrupción en su comuna y fue víctima de acoso político. Pese a que se le restituyeron sus derechos políticos, en marzo de 2012, fue hallada muerta.
“Producto de ese deceso se promovió la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres. Entonces, la lucha por los derechos políticos de las mujeres ha costado, no es gratuita, no es una concesión que nos ha dado la historia”, enfatizó el vocal.
Por su parte, la vocal Ruiz manifestó que ahora, además de consolidar el liderazgo femenino y el desarrollo integral de las mujeres en las instituciones y organizaciones políticas, se deben poner en marcha medida eficaces y oportunas, como la “debida diligencia”, para erradicar el acoso y la violencia política.
“No sirve de nada tener reglamentos claros o normas, si éstas no se aplican eficazmente y de manera oportuna”, afirmó la autoridad electoral, quien además destacó la creatividad y la capacidad de las mujeres para solucionar problemas, dos competencias que —en su criterio— deben utilizarse para elaborar políticas claras en favor de esa población
Durante el encuentro, autoridades y expertos en el área expusieron temáticas referidas a la agenda legislativa de las mujeres; la participación política, paridad y derechos; además de los avances de la Ley 243.
Además, se analizó la puesta en marcha y los alcances del reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política de las mujeres candidatas, electas o en función política pública.
En la oportunidad, mujeres asambleístas expusieron una serie de casos, sugirieron temas de género que deben ser profundizados y propusieron planes de coordinación entre el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y la Asamblea Departamental cruceña.
Estos espacios de diálogo buscan construir una agenda de trabajo para mejorar los mecanismos y estrategias institucionales, a fin de garantizar la participación política de las mujeres sin acoso ni violencia política.
Asimismo, se proyecta fortalecer el desarrollo de los procesos democráticos con enfoque de género, en observancia al principio de equivalencia del régimen electoral.
