El año 2009, la Constitución Política del Estado incluyó principios de equidad de género y equivalencia entre mujeres y hombres, así como el reconocimiento de derechos específicos de las mujeres, sentando un importante precedente histórico que ha buscado modificar las rígidas reglas que regulan el sistema político, para dejar atrás las diferentes formas de ejercicio de violencia, exclusión y subordinación que socialmente se ejercen contra las mujeres y que devienen de barreras estructurales que reproducen desigualdades en los espacios político-públicos.
